Tras debatir las enmiendas en el Senado, se continúa con el proyecto estrella del Gobierno para regenerar el sistema democrático.

[EFE] El pleno del Congreso dará el próximo jueves luz verde definitiva a la Ley de Transparencia tras debatir y aprobar las enmiendas introducidas en el Senado, que han supuesto pocas modificaciones en el que es uno de los proyectos ‘estrella’ del Gobierno en su estrategia de regeneración democrática.

Una vez que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno salga del Congreso y sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las comunidades y ayuntamientos tendrán un plazo máximo de dos años para cumplir sus obligaciones, mientras que para el Estado ese plazo se fijará en un año.

Sí entrará en vigor desde el mismo día de su publicación la parte de la ley referida al buen gobierno.

Esta es una de las modificaciones que se han introducido en el texto en el Senado, que el pasado miércoles aprobó la ley con los votos del PP, CiU y PNV pero el rechazo del PSOE, Entesa, IU, ERC, Amaiur, ERC y EA, que creen que la norma es insuficiente.

Otra de las enmiendas aprobadas en la Cámara Alta, en este caso de CiU, ha elevado de 3.000 a 5.000 euros anuales el mínimo de subvenciones o ayudas públicas que deben recibir las entidades privadas para estar obligadas a los criterios de la ley.

Una de las enmiendas del PSOE que se han incorporado en el trámite del Senado permitirá que los ciudadanos puedan dirigirse a las administraciones para pedir información en cualquiera de las lenguas cooficiales.

También se ha aprobado una enmienda del PP que prevé una modificación de la ley de blanqueo de capitales para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo (GAFI) para vigilar a las «personas políticamente expuestas» (PEP) a este tipo de delitos.