El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la ley Lassalle, es decir, la ley que modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y que es hija de la ley Sinde del Gobierno anterior.
El texto sale de las Cortes incluyendo una enmienda pactada por todos los grupos y todas las que propuso el Partido Popular, pero deja fuera las planteadas por los grupos de la oposición, que han calificado el texto, una vez más, de «desaguisado», «chapuza» y «una de las peores leyes» de la legislatura. Los portavoces, uno tras otro, han señalado que la ley nace «muerta», ya que está supeditada a una reforma integral de la ley de Propiedad Intelectual, y han rechazado la poca disposición a diálogo del PP durante la tramitación.
La ley Lassalle ha sido aprobada con los votos del PP, que tiene mayoría absoluta. En concreto, ha recibido 172 votos a favor, 144 en contra y tres abstenciones. Estaban presentes 319 de los 350 diputados del hemiciclo.
Uno de los cambios fundamentales que sufrió a su paso por el Senado fue la modificación de la entrada en vigor de su articulado, que tendrá lugar el próximo 1 de enero de 2015, salvo algunas excepciones. Entre ellas no está ahora la denominada tasa Google de compensación a editores (artículo 32.2) o canon AEDE, una de las medidas más polémicas.
Con esta tasa «irrenunciable», los agregadores de Internet —Menéame, redes sociales e incluso Google News, que ha amenazado con cerrar en España— deberán compensar a los editores y otros titulares de derechos por incluir «fragmentos no significativos» de sus contenidos y serán las entidades de gestión de derechos las que se ocupen de hacerlo efectivo.
La compañía Google ha asegurado en un comunidado estar «decepcionada» y reitera que va a «valorar» sus opcionesNumerosos editores, medios, agregadores, asociaciones de internautas y autores se han mostrado en contra de la medida. La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) está a favor. Nada más aprobarse la ley este jueves, la compañía Google ha asegurado en un escueto comunicado estar «decepcionada» y ha reiterado que va a «valorar» sus opciones «en el marco de la nueva regulación».
Otro de los puntos conflictivos es el canon digital por copia privada (artículo 25). El anterior sistema de recaudación fue modificado por el Gobierno actual para que la compensación a autores se hiciera con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Esta medida está en el aire, y así se lo han recordado al Gobierno algunos de los grupos, ya que el Tribunal Supremo está pendiente de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre si es contraria o no a la legislación europea. Entonces, el TS hablará y podría echarla abajo.
Los grupos han recordado también al Partido Popular que el mismo preámbulo de la ley aprobada este jueves explica que la norma «anticipa» medidas que se consideran urgentes «quedando diferida a una próxima ley una eventual revisión en profundidad del conjunto del sistema». La ley incluye también sanciones de hasta 600.000 euros para las páginas web que enlacen a contenidos sujetos a derechos, un aspecto que quedará complementado con la reforma del Código Penal.
Los argumentos de la oposición
Durante su intervención, el portavoz socialista, José Andrés Torres Mora, ha señalado que no se ha obtenido el amplio consenso «que la cultura merece» y ha agregado que «lo que se presentó como una reforma parcial y urgente ha resultado tener poco de reforma, nada de urgente, aunque parcial sí ha sido».
«Nos hemos echado, sobre las espaldas de los Presupuestos Generales del Estado, financiar lo que antes financiaba la industria tecnológica», ha indicado Torres Mora, que ha advertido al Grupo Popular y al Gobierno de que «han cometido un error tratando así la cultura, no son sus adversarios». Para Montserrat Surroca, de CiU, hubiera sido deseable un consenso en esta reforma sobre cuyo contenido ha expresado su preocupación.
Han cometido un error tratando así la cultura, no son sus adversariosAscensión de las Heras, de Izquierda Plural, ha sostenido que la ley, que ha calificado de «verdadera chapuza», pone el interés de la cultura «a los pies de los caballos» de las grandes industrias tecnológicas y supone la «demostración más clara de desprecio del Gobierno a la cultura de nuestro país», un «desaguisado» de ley que «nace muerta».
También el portavoz de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha criticado duramente la norma, que, ha dicho, es «una de las peores leyes de la legislatura», una norma «intelectualmente impropia» y con fecha de caducidad, que favorece a los grandes grupos de comunicación. Para el diputado del PNV Joseba Aguirrechea, que ha expresado su decepción por las «promesas» no cumplidas, es una ley que entró coja y sale más coja tras su paso por el Congreso y el Senado.
El diputado de Amaiur Rafael Larreina ha considerado una «irresponsabilidad supina» y una «oportunidad perdida» que el Grupo Popular haya aprobado esta norma sin consensuarla, una reforma que ha calificado de restrictiva con las libertades y a favor de los intereses de grandes grupos mediáticos. El PP, por su parte, ha defendido que la reforma cumple sus fines, entre los que se encuentra «la protección de los creadores culturales en internet»; el portavoz popular, Juan de Dios Ruano, ha asegurado que su grupo «puede decir alto y claro: dicho y hecho».
Fuente: www.20minutos.com