El reto que tiene que afrontar cada mes María Sánchez, de 73 años, es  subsistir con una ayuda no contributiva de la Generalitat. Separada desde hace  20 años, María se ha pasado buena parte de su vida cosiendo, aunque no consiguió  cotizar lo suficiente para obtener una pensión de jubilación. Con una prestación  que ronda los 400 euros ve como cada vez le cuesta más llegar a final de mes.  Impotente, se da cuenta de como su poder adquisitivo se ha ido reduciendo en los  últimos tiempos. Pero como cualquier ciudadano, María tiene que hacer frente al  pago de la contribución de su inmueble – un humilde piso en Santa Coloma de  Gramenet-, la tasa de basuras, el recibo de la comunidad, el seguro de decesos,  las facturas de agua, luz y gas. Poco le queda para comer.
Muy a su  pesar, finalmente María ha tenido que recurrir a Cáritas. Una situación con la que se  encuentran cada vez más personas que nunca se hubieran imaginado hace un tiempo  tener que hacer cola en la parroquia de su barrio para llenar el carro de la  compra. De hecho, este tipo de instituciones y entidades nunca habían tenido que  racionar tanto las provisiones como en este momento.

Esta andaluza vino a Barcelona con 18 años, tuvo tres hijos – aunque uno  murió en un accidente de tráfico- y cuatro nietos – otro en camino-. «Pero ellos  están muy atrapados”, explica. Su hija vive en Alicante, cuyo marido está en  paro y tiene dos hijos que mantener y una hipoteca. Y su otro hijo también tiene  que tapar sus propios agujeros económicos. «Cuando me preguntan cómo estoy,  siempre les digo que estoy bien porque no quiero agobiarlos», comenta.
Una dentadura, todo un lujo En casa de  María reina la absoluta austeridad. Intenta ahorrar al máximo en suministros  hasta el punto que dio de baja el teléfono fijo e, incluso, se plantea volver a  la bombona de butano y suprimir el gas ciudad. Con sus más que modestos ingresos  mensuales pocos lujos puede darse. «A la peluquería no voy nunca, si necesito un  tinte, me lo pongo yo», asegura.

Su vecina, Victoria García, que conoce desde hace 30 años, es testimonio de  las estrecheces económicas por las que atraviesa María. Y es que la ayuda que  recibe no le da ni siquiera para hacerse una dentadura. “Me gustaría verla más  feliz, con dientes, para que pudiera comer bien y masticar», dice Victoria. Por  su parte, María asegura que se conformaría “con muy poco», como poder comer “salmonetes y gambas”, que le encantan y que asegura que hace años que no  prueba.
María es tan solo uno de los muchos casos de gente mayor con  pensiones no contributivas que ven como cada vez les cuesta más llegar a final  de mes. La subida del precio de suministros básicos y el IVA en prácticamente  todos los productos han estrechado aún más el cinturón de este colectivo.  Paralelamente, el número de beneficiarios de este tipo de prestaciones ha  decrecido en estos últimos años. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en  el 2008 la seguridad social pagó pensiones no contributivas a 464.724 personas,  una cifra que entre enero y septiembre de este año bajó a 446.802 beneficiaros.
El rol de la solidaridad y los servicios  sociales Entidades, ONG’s y muchos municipios intentan amortiguar los  efectos negativos de este empobrecimiento progresivo de las clases sociales  menos favorecidas. “Hemos notado un leve aumento de la demanda por parte de  gente mayor para cubrir necesidades básicas, como puede ser el pago de recibos o  de comunidades de vecinos”, explica a La Vanguardia.com el teniente de  alcalde de Bienestar social y Familia del Ayuntamiento de Santa Coloma de  Gramenet, Raúl Moreno.
Y es que los consistorios son el primer estadio  de la administración al que el ciudadano se suele dirigir cuando tiene problemas  económicos. “Estamos pagando ayudas que no nos corresponden y hacemos políticas  que no nos corresponden, pero como vivimos de cerca los problemas de la gente no  nos queda más remedio que ser ágiles”, comenta Moreno, que también recuerda que  cada vez los ayuntamientos “reciben menos recursos” del Estado y de la  Generalitat.

Algunos consistorios también ayudan a las personas mayores, a través de un  trabajador social, gestionan el cambio de tarifas de suministros básicos, a lo  que se suma el fraccionamiento en el pago de tributos municipales. “Las  compañías de luz, agua y teléfono tienen reducciones en facturas en personas  jubiladas o en situación de dependencia”, explica Moreno. Pero a veces el  desconocimiento y la falta de información llevan a este colectivo a pagar más  por los servicios básicos que otros ciudadanos.
Tanto entidades sociales  como ayuntamientos insisten en que la mayoría de la gente de más de 65 años  cuenta con algún tipo de prestación. “Las personas mayores tienen asegurados  unos ingresos con sus pensiones, aunque algunas sean muy bajas, lo que contrasta  con la situación de personas jóvenes o de mediana edad que están en paro y que  no tienen ningún tipo de ingreso”, comentan fuentes de Cáritas. [lavanguardia.com]