(EFE).- Las comunidades de Andalucía, Catalunya, País Vasco,  Canarias y Asturias han mostrado su rechazo al anteproyecto de  la ley del aborto por ser un retroceso y reabrir un asunto que  estaba «resuelto socialmente», y además, la Junta andaluza no descarta recurrir  la norma al Tribunal Constitucional.

La presidenta del gobierno andaluz, Susana Díaz, ha señalado que, con la  reforma, el Ejecutivo del PP «ha mostrado mayor crudeza y mayor insensibilidad»  y ha opinado que va en contra de «los derechos y libertades de las mujeres».

Ha señalado, durante el Consejo Andaluz de Participación de Mujeres, que es  falso que esta reforma retrotraiga a la ley de 1985. «No es verdad que  retrotraiga a la ley del 85, sino que retrotrae a antes porque ni siquiera prevé  el caso de malformación del feto», y es «un ejemplo de legislación que sitúa a  las mujeres en un plano de inmadurez», que las considera incapaces de decidir  frente a su maternidad. Así, ha acusado al Gobierno de gobernar «de manera  ultraconservadora y retrógrada» y de poner en riesgo la salud de las mujeres,  mientras que los profesionales de la salud volverán a padecer inseguridad  jurídica.

El Conseller y portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, por su parte, ha  considerado que la reforma es un «arma arrojadiza» que «no soluciona nada» y ha  insinuado que se podría haber presentado en Consejo de Ministros para tapar el  registro policial en la sede del PP.

«Tenemos la sensación desde el Govern que es una ley en la línea de lo que  viene haciendo el Gobierno español», es decir, que «no resuelve nada, sino que  crea problemas» y tiene «más vocación de arma arrojadiza que de hacer frente a  la problemática» (del aborto), que el ejecutivo catalán estima que «pasa por la  prevención».

Homs ha hecho estas manifestaciones en la conferencia posterior a la última  reunión del año del gobierno catalán, en la que ha insistido en que «a nadie se  le pasa por qué lo hicieron público el viernes». «Es muy evidente que no  estaba previsto en el Consejo de Ministros y es evidente que la noche antes hubo  el registro», ha sostenido.

La reforma de la ley del aborto también ha sido criticada por el portavoz del  Gobierno vasco, Josu Erkoreka, porque, a su juicio, ha sido elaborada por un  «cálculo electoral» y por «oportunismo político». Erkoreka ha lamentado que  el PP haya decidido «reabrir» un asunto que estaba «resuelto socialmente», lo ha  calificado de «un paso atrás incomprensible» y ha dicho que el Gobierno ha  optado por esta reforma en contra de la «inmensa mayoría del resto» de fuerzas  políticas.

Desde Canarias, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del  Gobierno, Francisco Hernández Spínola, ha opinado que la reforma es «ideológica»  y supone «un atentado a la libertad de las mujeres y a los avances logrados en  materia de igualdad».

«Supone un retroceso normativo, criminaliza a la mujer, fomenta la  desigualdad social, promueve la inseguridad sanitaria y representa un atropello  al derecho a la salud sexual y reproductiva», ha sentenciado Hernández  Spínola.

Asturias también se manifestó en contra de la reforma cuando fue aprobada y  fuentes del Principado consultadas hoy por Efe se han remitido a las  declaraciones que entonces hizo la directora general del Instituto Asturiano de  la Mujer, Carmen Sanjurjo, quien auguró que tendrá «nefastas consecuencias» para  la salud de las mujeres. Sanjurjo subrayó que el Ejecutivo de la comunidad  estudiará «con detalle» la reforma para promover una respuesta que permita  «velar por los derechos de las mujeres».