Los Ayuntamientos ya se han cansado de esperar. La falta de rigor del gobierno de la Generalitat a la hora de hacerse cargo de los pagos de aquellos servicios que son estrictamente competencia suya, y cuyo coste han tenido que avanzar los municipios para poder garantizar su prestación a los ciudadanos, ha llevado a los alcaldes a alzar la voz contra lo que ya supone una situación crítica en las arcas de muchos municipios.

El consejo de alcaldes, reunido el pasado viernes en el Consell Comarcal, ha hecho público que el gobierno catalán adeuda a los 30 ayuntamientos del Baix Llobregat y al ente comarcal 90 millones de euros, a los que se suman los 17 que todavía espera el consistorio de L’Hospitalet. Así mismo, los ediles de la comarca han puesto sobre la mesa la necesidad de que la Generalitat establezca “con carácter de urgencia” un calendario de pago de su deuda, y acordaron redactar en breve una reclamación formal y conjunta de la deuda para dirigirla al ejecutivo catalán.

El grueso de los importes avanzados por los ayuntamientos para cubrir servicios que debería prestar la Generalitat se lo llevan las plazas de guardería. En el caso de L’Hospitalet, por ejemplo, la negativa del gobierno de Artur Mas de pagar su parte de la subvención de plazas ha obligado al gobierno municipal a tener que incrementar en 20 euros mensuales las tasas a las familias para poder hacer frente a la prestación del servicio. “Ha habido una doble deslealtad porque habíamos pactado una cantidad de dinero con la Generalitat y luego nos la rebajó, y ahora vuelve a ser desleal porque esa cantidad rebajada tampoco nos la pagará”, explica el teniente de alcalde del Ayuntamiento de L’Hospitalet, Lluís Esteve.

Entre el resto de conceptos por los que la Generalitat aún debe pagar a los ayuntamientos destaca la prestación de servicios sociales como la atención domiciliaria o la dependencia (en el caso de Gavà, la suma en este ámbito asciende a 1,3 millones de euros), subvención de plazas para escuelas de música, obras de empresas públicas (ATLL debe dinero a Sant Joan Despí por la ampliación del Parc de la Fontsanta y a Sant Just, por la conexión de los caudales del Ter y el Llobregat) o previstas por el PUOSC, además de la construcción o reforma de calles y equipamientos públicos co­mo la biblioteca de El Papiol (1,3 millones), la calle Joan Maragall de Sant Andreu de la Barca (650.000 euros), la antigua N-II a su paso por Pallejà (358.000 euros) o el Ateneu de Torrelles (100.000 euros). En esta última localidad, la Generalitat aún no ha hecho frente a la deuda generada tras el vendaval que registró la comarca en enero de 2009. Por parte del Consell Comarcal, el grueso de la deuda corresponde a la concesión de becas de comedor y al transporte escolar.[D. Valero/R. Marín, elfar.com].