Durante el pleno celebrado el pasado día 15 de junio ERC, CDC y PSC presentaron una moción para la adopción de un salario mínimo de referencia de 1000 euros en el Baix Llobregat.
La moción fue apoyada por todos los partidos políticos con representación municipal (y también por la regidora que escribe estas líneas) menos por Ciudadanos (C´s) que votó en contra de la moción, ya que “apuestan por no aumentar el Salario mínimo porque puede suponer la expulsión de trabajadores del mercado laboral”, y pretenden “incluir un complemento salarial (…) para personas trabajadoras de menor renta”.
Para reforzar sus argumentos C´s incluyó los ejemplos de países como Suecia o Finlandia, que no cuentan con salario mínimo.

Efectivamente, el salario mínimo no está estipulado por ley en países como Dinamarca, Suecia, o Finlandia, lo que no significa que los trabajadores estén desprotegidos. En Suecia, por ejemplo, la regulación de los salarios y las condiciones laborales depende de una Ley General desarrollada mediante la negociación de convenios colectivos, por lo que un salario mínimo interprofesional se regula en dichos convenios mediante acuerdo entre empresarios y organizaciones sindicales.
En cuanto a los países que tienen estipulados salarios mínimos, seguimos estando alejados de países como Holanda (1.447), Bélgica (1.444), o Francia (1.398) que duplican nuestro salario mínimo (655,22 euros) a pesar de que somos la quinta economía más fuerte de los veintiocho.
El sistema o acuerdo de Speenhamland, pertenece a un episodio en la historia de las Leyes de Pobres inglesas. Este acuerdo fue creado en 1795 en los condados rurales de Inglaterra, ante el estado de hambruna en muchas zonas.
Por este sistema se descartaba establecer un salario mínimo para los trabajadores, y se optaba por subsidiar las rentas de las familias cuyos ingresos no fueran suficientes para cubrir las necesidades básicas hasta un nivel de ingreso mínimo. El subsidio sería financiado con un impuesto negativo sobre la renta de los contribuyentes.
El sistema de Speenhamland tuvo varios efectos contraproducentes, el más importante es el que llevó a los empresarios a reducir al máximo los salarios que pagaban a sus trabajadores, a sabiendas de que la diferencia entre éstos y el nivel de ingresos mínimo sería pagada por los contribuyentes a través del subsidio.
C´s no quiere elevar el salario mínimo de los trabajadores (SM) pero la relevancia de SM es incuestionable, y lo es entre otras cuestiones, como referencia en la negociación colectiva en los sectores más precarios y con mayores dificultades de negociación. Y, sobre todo, es la base de protección de los trabajadores que no están amparados por un convenio colectivo.
Un Complemento Salarial Anual es un subsidio al salario, en forma de impuesto negativo sobre la renta, que pretende compensar los reducidos ingresos de los trabajadores pobres. “Nuestro programa anima a los trabajadores a trabajar” explica el documento económico de Ciudadanos, como si los trabajadores “no trabajaran o no quisieran trabajar”.
La propuesta de C´s de un complemento salarial tiene muy buena acogida entre sectores empresariales, y resultar una medida que de oídas suena bien, pero bajo la excusa de proteger a los trabajadores peor pagados, perpetúa los empleos de bajos salarios. Sin hablar de los efectos sobre el fraude que se pudiera producir si el empresario y el trabajador acordaran una rebaja salarial sabiendo que el Estado cubre la diferencia, dando vía libre a la picaresca.
El complemento salarial de C´s es de facto una subvención, con dinero de todos, al empleo precario, una subvención estatal que supone trasladar la responsabilidad a los ciudadanos, pasando la factura subsidiaria al sufrido contribuyente.
Con su propuesta Ciudadanos desatiende la necesidad de reforzar la negociación colectiva en nuestro país, y fía la reducción de la precariedad al complemento salarial, lo que supone un retroceso en los derechos laborales: Pobres por ley o leyes de pobres.
Laura Benito.
Regidora Ajuntament de Esplugues de Llobregat