Entre 9 y 13 años de cárcel para los líderes del ‘procés’ por sedición y malversación.

El Tribunal Supremo ha condenado por la causa del procés al ex vicepersidente de la Generalitat Oriol Junqueras a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta; y a los esconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa a las penas de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta, en los cuatro casos por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.

Asimismo, condena por el delito de sedición a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell a las penas de 11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta; al exconseller Joaquim Forn y Josep Rull a las penas de 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta; y al expresidente de la ANC Jordi Sánchez y al presidente de Òmnium Jordi Cuixart a las penas de 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta.

En cuanto a los exconsellers Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, son condenados cada uno de ellos como autores de un delito de desobediencia a las penas de 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial. La sentencia absuelve a los acusados Joaquim Forn, Josep Rull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó del delito de malversación.

Rebelión descartada

El Supremo ha descartado la rebelión como pedía la Fiscalía y se ha acogido a las peticiones de la Abogacía del Estado aunque ha aumentado levemente las penas.

El tribunal considera probado que los acusados desarrollaron una estrategia planificada a fin de conseguir la independencia de Catalunya como nuevo Estado con forma de República, segregándola de España, mediante la acción combinada y sincronizada de tres pilares básicos: el parlamentario, el ejecutivo, y el social.

La Sala mantiene la tesis de la Fiscalía, que sostenía que la actuación de los acusados pretendía “orillar” la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, e impedir el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales dictadas al amparo de aquella, para conseguir como objetivo último –con sus propias leyes y sus propias estructuras de Estado– declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio, finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en “grave peligro el orden constitucional”. No obstante, la Fiscalía solicitaba penas más altas, hasta los 25 años de cárcel en el caso de Junqueras, al considerar que los acusados utilizaron y promovieron la violencia para lograr sus objetivos.

La sentencia

Cuatro meses de redacción

El tribunal, presidido por Manuel Marchena, y compuesto por los magistrados Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Andrés Martínez Arrieta, Luciano Varela, Andrés Palomo y Ana Ferrer, ha tardado cuatro meses en deliberar, perfilar y redactar la sentencia del juicio de mayor repercusión de la historia de la democracia.

Durante los ochos meses que ha durado el juicio y la redacción de la sentencia, la Sala ha sido una piña y ha buscado hasta el último momento el máximo consenso. Esta sentencia es una cuestión de Estado y han actuado en consecuencia, según explican fuentes del alto tribunal. Además, han cuidado hasta el más mínimo detalle porque son conscientes que su texto va a ser escrutado al milímetro por la opinión pública. Pero sobretodo, la resolución recaerá con toda probabilidad en manos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Fin a dos años de proceso judicial

Esta sentencia pone punto y final al proceso judicial que se inició hace dos años, cuando la Fiscalía General del Estado presentó sus querellas contra los miembros del Govern, los Jordis y contra la Mesa del Parlament por declarar unilateralmente la independencia de Catalunya a pesar de todas las advertencias de la Justicia, del Tribunal Constitucional y del Gobierno central.

Tras la DUI proclamada el 27 de octubre de 2017, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aplicó, a través del Senado, el artículo 155 de la Constitución para intervenir el Gobierno catalán. Antes que el fiscal general del Estado de entonces, el fallecido José Manuel Maza, anunciara las querellas el lunes 30 de octubre de ese mismo año, el expresidente Carles Puigdemont se marchó Bélgica. Le siguieron otros cuatro exconsellers, que a día de hoy se encuentran fugados, a ojos de la justicia.

En tan sólo cinco meses, el juez instructor Pablo Llarena dictó el auto de procesamiento por los delitos de rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos. Once meses después de aquella resolución, arrancaba el juicio. Inició el 12 de febrero de 2019 y finalizó cuatro meses después, el 12 de junio.

Sentencia firme

Llarena comenzó a instruir la causa respecto de la Mesa del Parlament, con Carme Forcadell a la cabeza, porque seguían siendo miembros aforados. Después, entendió que el delito por el que se les perseguía no se podía entender sin investigar en conjunto a los miembros del Govern y los Jordis, por lo que reclamó la causa a la Audiencia Nacional.

Justo antes del juicio, la Sala entendió que los miembros de la Mesa, excepto Forcadell, no debían ser enjuiciados en el Tribunal Supremo y los envió al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para que se enfrentaran a un delito de desobediencia, juicio que está pendiente de celebración, al igual que el que afecta al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, por rebelión, en la Audiencia Nacional.

Al ser una sentencia dictada por el Tribunal Supremo significa que se trata de una instancia única, sin derecho a una segunda instancia, por lo que la resolución se hace automáticamente efectiva. Esto significa que tanto la pena como la inhabilitación comienzan a ser efectivas de manera inmediata.

Tras hacerse pública la sentencia, ahora hay que esperar al siguiente movimiento. Eso es, si el juezx instructor Pablo Llarena reactiva la orden europea e internacional de detención contra Puigdemont, la número 2 de ERC, Marta Rovira, y los otros cuatro exconsellers huidos para que sean entregados a España y ser enjuiciados por los mismos hechos.

Fuente: www.lavanguardia.com