Los ayuntamientos deberán detallar las facturas sin pagar

(Reuters) – En el marco de las medidas para resolver el impago de las administraciones públicas a sus proveedores, el Gobierno exigirá a los ayuntamientos que envíen al Ministerio de Hacienda una lista con las facturas pendientes de pago antes del 15 de marzo. Además, la vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo el viernes que “antes del 31 de marzo esos mismos ayuntamientos tendrán que remitir un plan de ajuste que permita hacer frente en el futuro al pago de esas deudas, al reintegro de esas cantidades y que garanticen su viabilidad financiera y económica”. La exigencia de solicitar a los ayuntamientos el envío de las facturas sin pagar — éstas tienen como fecha tope el 31 de diciembre de 2011 –, supone un paso legal previo hacia un mecanismo de financiación para las corporaciones locales que se aprobará en las próximas semanas y que estará vigente durante 2012.

Los proveedores y contratistas con derecho a cobro podrán hacerlo efectivo presentándolo a las principales entidades de crédito del país y los ayuntamientos podrán financiar las obligaciones de pago abonadas con endeudamiento con un plazo que asegure la viabilidad de la operación, según las referencias posteriores al Consejo de Ministros. La antigüedad de la factura y el descuento sobre el importe principal del pago pendiente serán criterios de prioridad de pago, según el gobierno.

El Ejecutivo añadió que puntualmente se prevé una modificación temporal de la normativa para permitir el establecimiento de garantías por parte del Estado para hacer frente al pago. El Ministerio de Hacienda avanzó el miércoles que el Gobierno ultimaba un acuerdo para dar liquidez a ayuntamientos y Comunidades Autónomas que no supondría un aumento del déficit. Diversos medios y analistas han situado en una horquilla que va desde los 30.000 hasta los 50.000 millones de euros la cantidad no pagada a proveedores entre ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Junto con los ayuntamientos, las CCAA son las administraciones públicas con más dificultades para pagar a sus proveedores, y por el momento el Gobierno ha aprobado una línea de créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 15.000 millones de euros para facilitar los pagos de los gobiernos regionales.

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