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El Gobierno asesta el hachazo final a la ley de dependencia

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En festivo, manifiestamente de tapadillo, el Gobierno de Mariano Rajoy asestó ayer el hachazo final a la ley de la dependencia. Porque así es como juzgan los expertos la decisión del Ejecutivo del PP de comprometer ante la Unión Europea un recorte en el 2013 en dependencia de 1.108 millones de euros, una cantidad superior a la que la Administración central tiene presupuestada este año (1.087 millones). El coste total anual de la aplicación de la ley en España asciende a unos 6.000 millones de euros, que pagan en su mayoría las comunidades autónomas. Un 10% proviene del copago, es decir, lo asumen los beneficiarios.

El Gobierno colgó ayer en su web el Plan Nacional de Reformas 2013, enviado el martes a la UE, en el que se anuncia, sin que se haya informado de ello por otro canal, el recorte de 1.108 millones, que se desglosa en dos apartados. A base de reformas restrictivas se recortan, según la argumentación oficial, 958 millones, y otros 150, por la vía de la «simplificación en el proceso de valoraciones», lo que traducido significa revisar grados para rebajar los pagos. Por esa misma vía dice esperar el Gobierno otro recorte en el 2014 por valor de 168 millones más.

MÁS COPAGO / Pero no son las únicas noticias inquietantes para los beneficiarios de la ley de la dependencia, porque otro anuncio del Gobierno es que prevé un aumento del copago de un 5%, con el fin, contabiliza, de reunir 339 millones de euros este año. Pero para reunir esta cantidad, los que aportan copago no tendrían que pagar un 5% más, sino que deberían pasar de pagar el 10% al 15%, es decir, que el aumento del copago sería del 50%. De cumplirse todo esto, las comunidades autonómas se verán más asfixiadas de lo que ya están por esta cuestión: en teoría, el Estado debería aportar el 50% del gasto público de la dependencia, pero en el 2012 solo puso el 21%. El porcentaje y gran parte de la interpretación de lo sucedido los aporta uno de los mayores expertos en dependencia, el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, que ve «alucinante» que la decisión se difunda en un día festivo. En el caso de Madrid, en el inicio de un puente que deja en segundo plano la política hasta el lunes. Tiempo ganado a la protesta.

Ramírez es contundente sobre lo sucedido: «Es una demolición controlada de la ley de la dependencia. El Estado se ha ido retirando de la ella». Ramírez, también presidente del Observatorio de la Dependencia, repasa las decisiones del Gobierno sobre esta cuestión en los últimos meses, que han limitado su alcance, y considera que no es nada casual, sino un modo de perseguir un cambio de modelo hacia «una sociedad dual», en la que quien pueda pagarlos se asegure los servicios y quien no, quede a expensas de las posibilidades de un sistema público limitado. En su opinión, ha pesado la presión del lobi de las aseguradoras.

Pero Ramírez expone otros reproches al recorte anunciado a la UE: sostiene que las cifras están mal calculadas, y que hay partidas que no casan, amén de explicaciones más o menos confusas. Es el caso del citado 5% de incremento del copago: «O mienten diciendo que el copago sube un 5% o mienten diciendo que esa subida reportará 339 millones de euros», que sería algo más de la mitad de lo que el copago supone ahora, los ya citados 600 millones anuales aproximados.

LA VERSIÓN DEL MINISTERIO / Ramírez advierte de que las medidas del documento enviado a Bruselas contienen errores de bulto, con lo que duda de las intenciones finales del Gobierno, de si se equivoca o pretende maquillar la realidad. Ayer, un portavoz del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales aseguró que no había novedad, que el Gobierno tan solo ha cuantificado las reformas efectuadas en el consejo territorial de la dependencia de julio pasado. Pero Ramírez lo niega, y subraya que no hay claridad de cifras y que como poco el aumento del copago era algo desconocido.

El director general del Imserso, César Antón, abundó en el argumento del ministerio en declaraciones a Efe, en las que se limitó a explicar que la cifra a recortar se corresponde con las medidas de julio, y que estas ya supusieron una reducción del gasto en dependencia de 500 millones en el 2012. Sin embargo, las declaraciones de Antón a la agencia no abordaron la constatación principal que los españoles pudieron conocer ayer al ver en la web del Gobierno el Plan de Reformas 2013: la de que el recorte supera al presupuesto existente. La Coordinadora Estatal de Plataformas en defensa de la ley de dependencia arremetió contra el anuncio gubernamental y denunció que se pretende apartar a un lado a los más necesitados.

Fuente: elperiodico.com