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A la calle en 60 ciudades contra la reforma laboral

 

CC.OO. y UGT han convocado mañana a la ciudadanía en 60 ciudades españolas para que vuelva a movilizarse en contra de la reforma laboral y contra el “ataque” del Gobierno a los servicios públicos.

La manifestación de mañana es la segunda de estas características que convocan los sindicatos tras la del pasado 19 de febrero, que se saldó con una multitudinaria participación, según las organizaciones sindicales.

Además, se produce dos días después de que los sindicatos hayan convocado una huelga general contra la reforma para el día 29 de marzo.
Los trabajadores se manifestarán el 11-M para mostrar su rechazo a una reforma laboral “impuesta” que los sindicatos consideran “injusta, ineficaz e inútil”, según el manifiesto de estas movilizaciones.

Para CC.OO. y UGT, supone un ataque “sin precedentes” al estado del bienestar y a los servicios públicos y provocará más recesión y más paro, aunque insisten en que el Gobierno “tiene en sus manos la posibilidad de desactivarlo”.

Los secretarios generales de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han emplazado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que abra una mesa de diálogo social orientada a cambiar los capítulos esenciales de la reforma, pero hasta el momento no han tenido respuesta.

Además, aseguran que los medios de comunicación afines al Gobierno y algunos dirigentes del PP han puesto en marcha “el ventilador de la calumnia y la difamación contra el movimiento sindical”.

CC.OO. y UGT califican de intolerable que estos medios digan que los sindicatos son insensibles con las víctimas de los atentados del 11-M de 2004 por hacer coincidir las manifestaciones en esta misma fecha.

Lo único que pretenden, aseguran, es “confundir a la ciudadanía para que se instale en la resignación ante eliminación de derechos sociales y laborales por parte del Ejecutivo”.

Ambos sindicatos reiteran que el Gobierno “sabe” que la reforma no servirá para solucionar el paro y que la única forma de generar trabajo es que haya crecimiento económico.

Subrayan que es discriminatoria contra quienes no tienen prestación por paro porque concede privilegios a las empresas de menos de cincuenta trabajadores que contraten desempleados con prestación.

Señalan que la reforma también va contra los trabajadores porque convierte el despido en un recurso fácil, rápido y barato para los empresarios y porque los salarios, horarios, puestos o la movilidad geográfica dependen del empresario, sin posibilidad de negociación.

Añaden que inventa, además, una nueva forma de contrato, especial para las empresas de menos de 50 trabajadores, por el que cualquier contratado estará a prueba el primer año y por tanto susceptible de ser despedido sin indemnización.

Asimismo, va contra el crecimiento económico porque generará más paro y reducirá los salarios de los trabajadores con empleo, lo que redundará en un menor consumo y menos ingresos para el Estado.

La reforma también va en contra de los empleados públicos autorizando, por primera vez en la historia, a las administraciones expedientes de extinción del personal laboral.[EFE]